Mientras
ondeaban banderas de EE.UU. y de países latinoamericanos
y gritaban consignas de "¡Sí se puede!"
o "¡Bush, escucha el pueblo está en la lucha!",
los manifestantes participaron en protestas en al menos 90 ciudades
con alta población inmigrante para presionar al Congreso
de EE.UU. a que apruebe este mismo año una reforma migratoria
integral.
Escogieron
el 1 de mayo, fecha en la que buena parte del mundo celebra el
Día del Trabajo -menos EE.UU., que lo hace el primer lunes
de cada septiembre- para destacar las contribuciones de los trabajadores
inmigrantes al crecimiento económico del país.
Pero,
al revés de 2006, cuando tuvieron como detonante una propuesta
republicana que convertía en delincuentes a los indocumentados
en el país, las marchas de hoy, salvo en Chicago o Los
Ángeles, carecieron del fervor del año pasado.
En
Chicago, la Policía calculó que alrededor de 150.000
personas salieron a las calles para exigir la legalización
de los indocumentados. Aun así, esa cifra estuvo muy alejada
de los cerca de 700.000 manifestantes del año pasado.
En
esa ciudad, el foco de atención está en el caso
de la mexicana Elvira Arellano, quien se ha refugiado desde el
año pasado en una iglesia metodista junto con su hijo de
ocho años y nacido en este país.
Su
caso representa el drama que viven miles de familias clandestinas
en todo el país y que, precisamente por falta de papeles,
están sujetas a la deportación y la separación
de sus familiares, según activistas.
En
Los Ángeles, las primeras cifras facilitadas por la policía
daban cuenta de unas 2.000 personas en el bulevar Olympic esquina
con Broadway, en el corazón de la ciudad. La cifra contrasta
con la de 650.000 manifestantes conseguida el pasado año.
Pero
el temor a las redadas, y la fragmentación de los grupos
organizadores, explica en parte la escasa participación
de los latinos en Washington que, con apenas unas 300 personas
no lograron llenar un parque emblemático de la capital,
del tamaño de un campo de fútbol.
Los
inmigrantes no salen porque "la represión y las redadas
están teniendo un impacto y se ve no sólo en esta
marcha, sino también en las escuelas, parques y clínicas,
que no frecuentan por temor a ser deportados", explicó
el médico salvadoreño Juan Romagoza, director de
la Clínica del Pueblo.
"Nos
vienen prometiendo la reforma desde hace años y el Congreso
no arregla la situación", agregó.
El
doctor convertido en activista resumió así la inercia
que hay en el Congreso sobre cómo resolver el problema
de la inmigración ilegal en EE.UU., sin ofrecer una "amnistía"
que cause la repulsa de los conservadores pero que beneficie a
los indocumentados que cumplen con un mínimo de requisitos.
Las
marchas de familias enteras, al parecer, no hicieron mella en
el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado del cumplimiento
de las leyes de inmigración.
El
titular del DHS, Michael Chertoff, dijo a la cadena CNN que las
autoridades tienen que aplicar las leyes por igual, aunque los
indocumentados tengan hijos nacidos en EE.UU.
Sin
embargo, expresó su esperanza de que el Congreso apruebe
una ley de reforma migratoria "justa y razonable" este
año, tal como lo ha pedido el presidente George W. Bush.
Bush
ha reiterado muchas veces -y lo hará de nuevo en una iglesia
evangélica este jueves- en que el país necesita
un plan de trabajadores huéspedes, el refuerzo de la seguridad
fronteriza y la legalización de buena parte de la población
indocumentada.
Se
prevé que el Senado comience a debatir varias propuestas
sobre la mesa a mediados de este mes, pero los demócratas
insisten en que Bush debe invertir más capital político
en el asunto. EFE